Gran parte de la CEE, Conferencia Episcocal Española, no sigue la línea del Motu proprio, ni los parámetros de Tolerancia Cero del Papa Francisco.

En España podemos hablar de un  Cisma en el seno de su Iglesia entre rigoristas y reformistas.

La Iglesia de base nunca ha sido un problema para las víctimas,  bien al contrario. El conflicto surge con esa parte rigorista e integrista de la jerarquía eclesiástica que sigue empecinada y obcecada en mantenerse en la línea negacionista de encubrimiento, cuando no de complicidad, de los delitos de pederastia perpetrados en su seno. Tratando además, de minimizar sus cifras y de negar, cuando no perseguir, a sus víctimas a fin de silenciarlas para evitar el efecto llamada. Debiéndoles recordar que las víctimas no son el azote de la Iglesia, ni pretenden terminar con ella como alguno de esos ortodoxos tratan de hacer ver, bien al contrario,  pretenden reforzarla, limpiarla  conduciéndola por el camino de la ejemplaridad a la hora de tomar decisiones, actuando con responsabilidad siguiendo los cánones de virtudes y principios que predican. Cabe también recordarles, que esos supervivientes agredidos a los que tratan de combatir son en la mayoría de sus casos ex seminaristas, ex sacerdotes e hijos de familias católicas que aún lo siguen siendo.

Por ello, en España necesitamos una jerarquía eclesiástica comprometida y renovada que no minimice, ni niegue sus responsabilidades ante estas agresiones sexuales y abusos de conciencia que se producen en su seno, más acorde con la postura de la Iglesia de base que respalda las medidas de Tolerancia Cero del Papa Francisco.

Conferencia Episcopal Española (CEE)

Varias asociaciones de víctimas y supervivientes de violencia sexual y maltrato contra la infancia y la adolescencia, se concentran en las puertas de la Conferencia Episcopal de España, durante la plenaria de los obispos, en protesta por la pasividad de la institución católica en la gestión del reconocimiento y la reparación, reivindicando urgencia en la implementación de medidas, tal y como ha pedido el Consejo de Europa, aprobando un informe y una moción. ( Estrasburgo, 26 de Enero de 2024 ).

Las asociaciones AVA ( Asociación Víctimas Abusos- Navarra ), ANIR ( Asociación Nacional Infancia Robada ) , Lulacris y la Campaña Europea Justice Initiative se han reunido en Madrid, calle Añastro 1, a las puertas de la plenaria de obispos a fin de exigir el cumplimiento inmediato de las medidas de reconocimiento, reparación y acompañamiento de las víctimas y supervivientes de maltrato infantil y pederastia eclesiástica. La iglesia española no puede seguir dando largas a quienes fueron abusados, agredidos y maltratados, en pleno proceso de forja de sus personalidades. Tampoco puede seguir usando argumentos de falsa justificación, negacionismo, minimización del daño y rebaja malintencionada de cifras. Pedimos que la jerarquía eclesiástica deje su guión de mirar para otro lado, borrón y cuenta nueva, y lo sustituya ya por “a lo hecho, pecho”, mirando a los ojos a todas sus víctimas y supervivientes, con cercanía y empatía, trato individualizado, poniéndose del lado de ellas y no, como en muchos casos, del delincuente. Las víctimas deben estar presentes en las tomas de decisión. Deben ser consideradas y consultadas. La iglesia debe colaborar en la lucha contra la exclusión social, laboral y estudiantil de las víctimas y supervivientes, en una política de terapias gratuitas, en la protección de aquellos y aquellas que denuncian en las diferentes instancias, civiles y canónicas, con la gravedad que supone ser re victimizados por sus agresores y satélites de los mismos.

En Madrid, a 4 y 5 de marzo de 2024.

La ley de protección integral a la infancia y la adolescencia aprobada en junio de 2021 por el Congreso de los Diputados es una ley pionera en Europa por cuanto ha supuesto un antes y un después para las víctimas, ya que ha dado visibilidad al problema, rompiendo el silencio en aras de vencer también la impunidad, mediante una actividad legislativa plena, que además contó con el apoyo de la mayoría del arco parlamentario. En ella se incluyen aportaciones muy relevantes, como la obligatoriedad de la prueba pre constituida hasta los catorce años, un único y primer testimonio será suficiente para evitar así la revictimización de los supervivientes de estos delitos. Así como la ampliación del periodo de prescripción del delito hasta los treinta y cinco años. La Asociación Nacional Infancia Robada ANIR participó en su elaboración, con comparecencias en la comisión parlamentaria de los derechos de la infancia y la adolescencia. También mantuvimos reuniones con algunos grupos parlamentarios del Congreso de Diputados, una de ellas con el Grupo Parlamentario Socialista, a raíz de la aprobación de la encomienda al Defensor del Pueblo para una investigación de los delitos de abusos sexuales a menores en la Iglesia que acabe en un informe a presentar en el pleno del Parlamento, encaminado a realizar cambios legislativos e implementar nuevas medidas que hagan cumplir los derechos que les corresponden. Además acceso ilimitado a terapias psicológicas y psiquiátricas, que permita la sanación de las víctimas, su inserción social, educativa y laboral. Creación de juzgados especializados para gestionar los casos en el afán del legislador porque quienes denuncien estos delitos encuentren el cobijo de jueces, procuradores, fiscales, y no la incomprensión habitual en muchos de los casos. En la formación de los profesionales de los diferentes ámbitos vinculados al trato directo con víctimas y supervivientes se incluirán de modo específico las materias necesarias y efectivas que son inexcusables para que aquellos puedan realizar el trabajo del modo más eficiente posible.

A tal fin se ha dotado en los presupuestos al contenido de esta ley con 25 millones de euros.