Justice Initiative España

MISIÓN

Restablecer VERDAD, JUSTICIA Y REPARACIÓN para las víctimas de abusos sexuales, de conciencia y maltrato infantil en Europa. Obtener PREVENCIÓN Y «PROVENCIÓN».

Objetivos

Impulsar cambios legislativos

Que mejoren el acceso de las víctimas a los derechos que les corresponden.

Concienciar

A la sociedad, a los poderes públicos e instituciones religiosas o no lo que suponen estos gravísimos delitos perpetrados contra menores de edad en pleno proceso de forja de su personalidad, así como de las secuelas que provocan.

QUEBRAR el SILENCIO, la ESTIGMATIZACIÓN, la IMPUNIDAD, el ENCUBRIMIENTO y hasta la COMPLICIDAD

De estos gravísimos delitos contra los derechos de la infancia y la adolescencia, los derechos humanos, valorando también su aspecto de cuestión de salud pública.

NECESIDADES DE LAS VÍCTIMAS QUE SOLICITAMOS SEAN CUBIERTAS:

Obtención de la condición de víctima

Condición indispensable para acceder a los derechos inherentes a cualquier víctima y de los que estos supervivientes carecen.

Obligatoriedad de ampliar la prueba preconstituida hasta mayoría de edad.

Consideramos que se debería equiparar la edad de esta prueba a los 18 años al igual que ocurre en países como Francia, Alemania o Italia. Ya que la media de  los abusos que se producen en algunos ámbitos suelen darse a edades tempranas entre los 11, 12 , 13 años, cuando el niñ@ todavía no suele ser consciente de lo ocurrido, no dando por ello tiempo a denunciar antes de los 14 años.

Efectos retroactivos de la ley, pionera en Europa, de protección integral a la infancia y adolescencia de junio 2021

Para las medidas reparativas de las víctimas anteriores a la aprobación de esta ley.

Inclusión educativa y laboral.

Inclusión de estas víctimas en el apartado de diverso como ocurre en  supuestos de enfermedades diversas o con víctimas de otros ámbitos.

Permitir que las víctimas queden exentas de la nota de acceso a la Universidad y de la evaluación continua para que puedan ir formándose al ritmo que este trauma les permita.

Inclusión laboral de estas víctimas al igual que sucede con los supuestos de violencia de género. Conceder mismo tipo de ayudas incluida la incapacidad laboral temporal y/o permanente.

Terapias psicológicas y psiquiátricas ilimitadas

Que conceda acceso a estas terapias para las víctimas anteriores a la ley

Reparaciones económicas.

Al igual que cualquier otra víctima de accidente laboral o de tráfico tienen derecho a ser indemnizadas por el daño causado y el lucro cesante.

ESCENARIO INSTITUCIONAL, POLÍTICO Y RELIGIOSO EN ESPAÑA.

ÁMBITO ECLESIÁSTICO:

Gran parte de la CEE, Conferencia Episcocal Española, no sigue la línea del Motu proprio, ni los parámetros de Tolerancia Cero del Papa Francisco.

En España podemos hablar de un  Cisma en el seno de su Iglesia entre rigoristas y reformistas.

La Iglesia de base nunca ha sido un problema para las víctimas,  bien al contrario. El conflicto surge con esa parte rigorista e integrista de la jerarquía eclesiástica que sigue empecinada y obcecada en mantenerse en la línea negacionista de encubrimiento, cuando no de complicidad, de los delitos de pederastia perpetrados en su seno. Tratando además, de minimizar sus cifras y de negar, cuando no perseguir, a sus víctimas a fin de silenciarlas para evitar el efecto llamada. Debiéndoles recordar que las víctimas no son el azote de la Iglesia, ni pretenden terminar con ella como alguno de esos ortodoxos tratan de hacer ver, bien al contrario,  pretenden reforzarla, limpiarla  conduciéndola por el camino de la ejemplaridad a la hora de tomar decisiones, actuando con responsabilidad siguiendo los cánones de virtudes y principios que predican. Cabe también recordarles, que esos supervivientes agredidos a los que tratan de combatir son en la mayoría de sus casos ex seminaristas, ex sacerdotes e hijos de familias católicas que aún lo siguen siendo.

Por ello, en España necesitamos una jerarquía eclesiástica comprometida y renovada que no minimice, ni niegue sus responsabilidades ante estas agresiones sexuales y abusos de conciencia que se producen en su seno, más acorde con la postura de la Iglesia de base que respalda las medidas de Tolerancia Cero del Papa Francisco.

ÁMBITO POLÍTICO:

La ley de protección integral a la infancia y la adolescencia aprobada en junio de 2021 por el Congreso de los Diputados es una ley pionera en Europa por cuanto ha supuesto un antes y un después para las víctimas, ya que ha dado visibilidad al problema, rompiendo el silencio en aras de vencer también la impunidad, mediante una actividad legislativa plena, que además contó con el apoyo de la mayoría del arco parlamentario. En ella se incluyen aportaciones muy relevantes, como la obligatoriedad de la prueba pre constituida hasta los catorce años, un único y primer testimonio será suficiente para evitar así la revictimización de los supervivientes de estos delitos. Así como la ampliación del periodo de prescripción del delito hasta los treinta y cinco años. La Asociación Nacional Infancia Robada ANIR participó en su elaboración, con comparecencias en la comisión parlamentaria de los derechos de la infancia y la adolescencia. También mantuvimos reuniones con algunos grupos parlamentarios del Congreso de Diputados, una de ellas con el Grupo Parlamentario Socialista, a raíz de la aprobación de la encomienda al Defensor del Pueblo para una investigación de los delitos de abusos sexuales a menores en la Iglesia que acabe en un informe a presentar en el pleno del Parlamento, encaminado a realizar cambios legislativos e implementar nuevas medidas que hagan cumplir los derechos que les corresponden. Además acceso ilimitado a terapias psicológicas y psiquiátricas, que permita la sanación de las víctimas, su inserción social, educativa y laboral. Creación de juzgados especializados para gestionar los casos en el afán del legislador porque quienes denuncien estos delitos encuentren el cobijo de jueces, procuradores, fiscales, y no la incomprensión habitual en muchos de los casos. En la formación de los profesionales de los diferentes ámbitos vinculados al trato directo con víctimas y supervivientes se incluirán de modo específico las materias necesarias y efectivas que son inexcusables para que aquellos puedan realizar el trabajo del modo más eficiente posible.

A tal fin se ha dotado en los presupuestos al contenido de esta ley con 25 millones de euros.

COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN DEL DEFENSOR DEL PUEBLO FRENTE A LA PROPUESTA DE LA CEE.

Modelo de investigación de esta temática frente a la propuesta de última hora de la CEE, Conferencia Episcopal  Española, que recae en un despacho de abogados, Cremades y Calvo Sotelo, cuyo principal representante, Javier Cremades, es miembro numerario del Opus Dei, orden religiosa perteneciente al plano más negacionista de la Iglesia con respecto a la existencia y la realidad de las víctimas y supervivientes de pederastia eclesiástica.

Así, en España hay dos investigaciones paralelas en marcha, una la promovida por el grupo socialista y el grupo nacionalista vasco, aprobada en el parlamento por la mayoría de los grupos, con la única excepción de la extrema derecha. Se trata de una investigación que lleva a cabo la oficina del Defensor del Pueblo, mediante el trabajo de una comisión de expertos independiente, y con el asesoramiento de un foro de asociaciones de víctimas, así como con la colaboración de varias personas que han trabajado con las víctimas durante años y que realizan una labor directa de atención. Iniciada su andadura, de momento, la valoración es muy positiva por parte de las víctimas.

No sucede lo mismo con el despacho contratado a última hora por la Conferencia Episcopal para llevar a cabo un informe auditoria, cuyo socio principal es miembro numerario del Opus Dei. La iglesia nunca quiso promover ninguna investigación y está acción la realizó cuando se sintió acorralada por los acontecimientos.

Un despacho mercantilista que nunca se ha dedicado a estos temas y que desde el lenguaje hasta los hechos de su gestión hasta el presente, da pruebas de no saber cómo atender a las víctimas y supervivientes de estos delitos, usando el término afectado en lugar de víctima.